BANCO POPULAR NO CUMPLÍA LA LEY AL PROVISIONAR SU RIESGO INMOBILIARIO
Los documentos hechos públicos por la JUR revelan que el análisis de Deloitte, clave para la operación de venta de Banco Popular a Santander, se hizo de manera precipitada y sin acceso a numerosos datos, considerados necesarios por la auditora. Los auditores también se toparon con incumplimientos normativos por parte de la entidad.
Deloitte, que se refiere a la entidad con el nombre cifrado de “Hippocrates”, concluye que Popular tenía un agujero de entre 11.800 millones de euros en el mejor escenario y 20.600 millones en el peor, antes de su resolución y venta a Santander.
Según el informe, cuyo objetivo era estimar el valor que podría haber ofrecido un potencial comprador por el banco, la mejor estimación del ajuste de valoración de la entidad era de 14.700 millones de euros.
El agujero, según esta estimación final, se debería a un déficit de provisiones de 3.500 millones de euros en créditos, de 3.100 millones activos fiscales diferidos, de 2.700 millones por activos intangibles y de 500 millones por capital e ingresos fijos. La JUR ha oscurecido los agujeros ligados a las obligaciones legales, así como a subsidiarias y empresas conjuntas, que haciendo el cálculo supondrían en conjunto otros 2.700 millones.
Pero los auditores también se toparon con incumplimientos normativos por parte de la entidad. En activos inmobiliarios, en concreto, detectaron un agujero, que cifran en 3.100 millones de euros, “como consecuencia de la mala aplicación, por parte del Popular, de las normas comunitarias y españolas sobre valoración de activos.
Si se acredita estos otros hechos, como que la liquidación del popular fue por motivos de solvencia patrimonial y no sólo por motivos de liquidez, la posibilidad de éxito de una demanda civil por nulidad es cada vez mas probable. A esta demanda contra Banco Popular podrían acudir los afectados que subscribieron acciones de la ampliación de capital a principios de 2016 o que compraron en periodos próximos a esta fecha.