Deloitte estima en unos 3.453 millones las contingencias jurídicas de Banco Popular anteriores a su quiebra
La década de crisis de Banco Popular deterioró su solvencia y disparó la amenaza de litigios hasta cifras astronómicas que ha asumido Banco Santander. Las contingencias jurídicas que arrastraba la entidad que presidieron Ángel Ron y Emilio Saracho presentan cifras millonarias para el tamaño del banco de hasta 3.453 millones.
Estos riesgos jurídicos no incluyen el propio final del banco, sino que son la carga heredada de la gestión, prácticas comerciales y operaciones de los últimos años de la entidad, hace muchos años considerada como un ejemplo de solvencia y rentabilidad. Pero ha pasado mucho tiempo desde entonces, con dos cambios de presidente, la entrada con fuerza en el crédito promotor e inmobiliario y una crisis financiera de por medio.
La institución concluye que bajo procedimientos normales de insolvencia las pérdidas habrían sido sustancialmente mayores que las pérdidas que se realizaron en resolución
Durante este proceso, el Popular fue uno de los bancos más afectados por la nulidad de las cláusulas suelo que el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) dictaminó que debía ser con retroactividad, contradiciendo al Supremo. Asimismo, realizó dos ampliaciones de capital de 2.500 millones de euros en cada caso, en 2012 y 2016.
En estas dos operaciones, ejecutadas bajo el mandato de Ángel Ron y criticadas después por Emilio Saracho, hubo una gran presencia de minoristas, lo que ha multiplicado las demandas. Muchos juzgados de primera instancia están dando la razón a los demandantes por vicio del consentimiento, al considerar que la información pública del banco no era fidedigna, como demostró la re-expresión de cuentas del 3 de abril de 2017.
La Junta Única de Resolución (JUR o SRB, por sus siglas en inglés) publicó la tercera versión del informe no confidencial de Deloitte sobre la resolución en la noche del 6 al 7 de junio de 2017, con la adjudicación por un euro a Banco Santander. Es decir, la consultora realizó el informe que derivó en la decisión final y ahora estudia cómo se realizó.
La institución europea presidida por Elke König ha descartado de forma preliminar compensar a los 305.000 accionistas o a los bonistas de deuda subordinada y CoCos, que perdieron toda su inversión. Era esperado. Ahora habrá un proceso para escuchar las opiniones de los afectados que quieran emitirlas, tal y como recoge el derecho comunitario, hasta el 14 de septiembre.
