EL CONSEJO DE BANCO POPULAR RECONOCIÓ EN SU ÚLTIMA ACTA QUE NO TENÍA LIQUIDEZ NI SOLVENCIA

La última acta del consejo de administración del Banco Popular, celebrado el 6 de junio de 2017, reconocía que la entidad no tenía liquidez para seguir operando y admitía que sería insolvente tras realizar las nuevas provisiones recomendadas por el BCE de “hasta 3.000 millones por la cartera de inmuebles”.

Los últimos meses del Popular, con el agónico relevo del presidente el 20 de febrero de 2017 —Ángel Ron fue sustituido por Emilio Saracho—, fueron una montaña rusa de acontecimientos, casi todos negativos, con tendencia destructiva ante el florecimiento de los problemas del pasado que no se solucionaban.

Las cuatro últimas actas del consejo de administración del banco —del 18, 29 y 31 de mayo y del 6 de junio, esta última un día antes de que la entidad fuera vendida al Santander— evidencian la evolución de los episodios. En ellas se demuestra que los responsables del banco no esperaban una muerte, la suya, prematura por problemas de liquidez y de solvencia. Incluso reflejan cierta confianza en que, incluso con un colapso de la falta de efectivo por el deterioro de la imagen de la entidad, podrían encontrar la ayuda del Banco de España o del BCE. El apoyo llegó, pero muy insuficiente.

El consejo lo critica en el acta del 6 de junio, la de su defunción, después de haber sufrido un día antes una fuga de 2.984 millones. El acta dice: “Ayer se procedió a solicitar una provisión urgente de liquidez al Banco de España por 9.500 millones para lo que se han aportado activos no elegibles en las operaciones de política monetaria del BCE. Hasta el momento, las validaciones han permitido disponer de 3.500 millones”.

Con estas cifras, el Popular estaba muerto y así lo admite el acta. Dice que su ratio de cobertura de liquidez (LCR), que refleja la relación entre los bienes que son líquidos o se pueden hacer líquidos y las deudas que vencen a corto plazo, era del 24%. El mínimo legal está en el 80% y el banco en mayo de 2017 había llegado a tener el 140%. “Las medidas tomadas para evitar esta situación no han sido suficientes”, afirmó Saracho, en referencia al intento de venta de inmuebles, créditos, filiales y otros negocios. “La situación deja de ser provisional y pasa a ser significativa a efectos de valoración de la inviabilidad del grupo”, recoge el documento.

Había otro gran problema: la falta de capital. Las autoridades españolas y europeas han insistido en que fue intervenido por falta de liquidez, pero también era insolvente o lo iba a ser a 30 de junio de 2017, fecha en la que había que cerrar las cuentas. Saracho explicó entonces, según el acta, que se intentó “dar más certidumbre” sobre el valor de los activos inmobiliarios, por lo que se inició una valoración cuando él llegó a la presidencia. Sin terminar el estudio, se reconoció una minusvaloración de 1.600 millones, así como la necesidad de nuevas provisiones de 1.525 millones. Con estas medidas, la ratio de capital se reduciría al 6,54% al 30 de junio, frente al 10% mínimo legal.

Y añade que el agujero sería mayor “tras incorporar las estimaciones preliminares que los inspectores del BCE están analizando sobre la cartera y han transmitido verbalmente a la entidad, llegando a un total de 2.250 millones hasta el entorno de 3.000 millones”. Si se cumplían los peores augurios, “la ratio de capital total quedaría en el 4,15%” frente al 10% exigido.