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Europa pide que España apruebe ya la nueva ley hipotecaria

El Gobierno debe conseguir el visto bueno del Congreso y poner en marcha la nueva ley hipotecaria. Una normativa que ya se aprobó pero que lleva meses inmersa en diferentes trámites parlamentarios y que daría transparencia y seguridad tanto a los bancos como a los clientes en materia de hipotecas.

La Ley de Crédito Inmobiliario tiene dos objetivos: por un lado, trasponer la directiva europea sobre hipotecas al ordenamiento jurídico español y, por otro, dar transparencia y seguridad tanto a los bancos como a los clientes en materia de hipotecas, sobre todo después de que la justicia haya condenado la aplicación de las cláusulas abusivas de los préstamos para la compra de vivienda.

Desde Bruselas han recordado al Gobierno que la normativa debía haber entrado en vigor en marzo de 2016 (es decir, hace dos años y medio) y que los retrasos podrían conllevar una cuantiosa sanción económica de casi 106.000 euros diarios.

Teniendo en cuenta que han pasado casi dos años y medio desde la fecha límite para activar la normativa, la multa a la que se expone España ronda ya los 90 millones de euros.

¿Y por qué se ha retrasado tanto su puesta en marcha? La política tiene la respuesta. Fue necesario repetir las elecciones de diciembre de 2015 ante la imposibilidad de formar Gobierno, y al Partido Popular le costó recabar apoyos para conseguirlo tras los comicios de junio de 2016.

Un año después, y con Luis de Guindos como ministro económico, el Consejo de Ministros dio luz verde al proyecto de ley, con el objetivo de que entrara en vigor durante el primer semestre de 2018. Sin embargo, el cambio de Gobierno y el parón del verano han motivado un nuevo retraso.

A pesar de que Europa da cierto margen a los países cuando hay cambios institucionales, lo cierto es que la amenaza de aplicar la sanción cada vez es más real.

La aprobación de la normativa es una de las prioridades para el nuevo curso parlamentario, que arranca en septiembre. Será entonces cuando se reanude el debate sobre el contenido de la normativa y se tengan que debatir las enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios.

Se han presentado en torno a 200 enmiendas, aunque el Gobierno trabaja ya en una propuesta para empezar las negociaciones a mediados de septiembre, para poder aprobar la normativa lo antes posible.

La nueva ley  hipotecaria

A la espera de saber si el debate parlamentario trae consigo grandes cambios, la normativa que diseñó el anterior Gobierno contemplaba varias medidas importantes en materia hipotecaria, sobre todo de cara a los futuros préstamos que se firmen.

Entre las novedades destacan la obligatoriedad del cliente de acudir a un notario antes de firmar el contrato para garantizarse de que su préstamo se ajusta a la legalidad, una limitación a las comisiones que aplican los bancos, la posibilidad de convertir las hipotecas variables en fijas o la creación de una lista de cláusulas abusivas que la banca no podrá aplicar. Para los abogados, este punto es el más controvertido, mientras que los economistas alertan de un encarecimiento de las futuras hipotecas. Una previsión que, sin embargo, no concuerda con la que manejan los expertos del sector inmobiliario.

 

 

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