GRANDES FONDOS DE INVERSIÓN EXIGEN A LA AUDIENCIA Y AL FROB MÁS INFORMACIÓN SOBRE BANCO POPULAR
Los grandes fondos tenedores de bonos van a reclamar a la Audiencia Nacional y al Frob más información sobre Banco Popular, tras perder cerca de 850 millones de euros con la resolución que liquidó la entidad, después de que el viernes pasado la Junta Única de Resolución (JUR) publicará el informe secreto de Deloitte y otros documentos clave.
Estos fondos, como Pimco, Algebris, Anchorage, Roint y Cairn, se van a sumar además a otros inversores que han conseguido que la JUR publique el informe en sus recursos al Panel que controla a la JUR, que van a recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y no descartan plantear un nuevo recurso ante el Panel y acudir al Defensor del Pueblo Europeo.
Concluyen de la información que se ha publicado que la JUR sigue intentando denegar un escrutinio efectivo de sus decisión sobre Popular a pesar de las peticiones del Parlamento Europeo, del Congreso de los Diputados español y del propio Panel de recursos de la JUR que le controla de que sea más transparente.
Entre los puntos negros de los que no se informa, los fondos destacan las pérdidas de liquidez que llevaron a la resolución, la provisión inicial y la negación de las líneas de liquidez de emergencia, los cálculos sobre la metodología de evaluación y el informe sobre el principio No Creditor Worse Off assessment (que ningún acreedor haya incurrido en pérdidas mayores de las que habría sufrido si la entidad hubiera sido liquidada con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinario).
Consideran que a los tenedores de bonos y los inversores todavía se les niegan sus derechos fundamentales en el proceso y que la sociedad todavía no tiene respuestas sobre cómo el sexto banco español colapsó, cuando incluso la JUR confirmó que era solvente la víspera del informe de resolución, lo que llevó a perder 2.000 millones de acciones y bonos.
Contestación de la JUR
El organismo de resolución bancaria europeo ha respondido hoy con un breve comunicado: “La JUR está convencida de que, dadas las actuales circunstancias y teniendo en cuenta el marco legal aplicable, ha actuado de forma apropiada al situar al Banco Popular bajo resolución, en interés de la estabilidad financiera en España y más allá”.
No obstante, no quiso entrar a rebatir los argumentos: “En consecuencia, dados los litigios pendientes, la JUR no ve razones para comentar fuera de los tribunales todas las acusaciones o especulaciones de abogados que defienden los intereses de los antiguos bonistas y accionistas de Banco Popular”.
