LAS ACCIONES JUDICIALES CONTRA BANCO POPULAR IRÁN MÁS RÁPIDO EN ESPAÑA QUE ANTE EL TJ EUROPEO
El Tribunal de Justicia de la UE tardará más de dos años en dictar una sentencia sobre si la resolución del Banco Popular fue legal. Ante este panorama, las mayores esperanzas sobre los procedimientos y acciones judiciales contra Banco Popular se trasladan a la Audiencia Nacional, tanto en la vía penal como en la civil, que son las dos vías que nuestro despacho está implementando.
Los afectados por la resolución del Banco Popular que no hayan aceptado los bonos ofrecidos por el Santander tendrán que armarse de paciencia en la vía judicial si es que han optado por la vía europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, tardará en torno a dos años en dictar sentencia sobre si la resolución del banco y su venta al Santander se ajustaron al derecho comunitario, según estimaciones tanto de la entidad como de algunos de los demandantes. Ante este panorama, las mayores esperanzas se trasladan a la Audiencia Nacional, tanto en la la vía penal como en en la civil.
Esta tardanza supone un importante revés para los afectados que habían depositado sus mayores esperanzas en la Justicia europea, confiando en que el Santander tuviera menos ascendencia que sobre la española y, precisamente, que fuera más rápida. Además, distintos expertos consultados coinciden en que es muy difícil que el tribunal de Luxemburgo anule una resolución de otra institución comunitaria (en este caso, la Junta Única de Resolución, parte del BCE), que además mostró un enorme celo en cumplir todas las leyes europeas de resolución bancaria. Asimismo, anular la primera resolución de un banco conforme a estas normas provocaría una importante inseguridad jurídica sobre el mecanismo europeo de resolución para casos futuros. Con este panorama, los afectados vuelven su vista hacia España, concretamente a la Audiencia Nacional.
La vía civil
La vía contencioso-administrativa tampoco parece una opción, puesto que la Audiencia ha planteado al tribunal de la UE si debe esperar a su sentencia antes de estudiar los recursos contra la resolución del FROB, que ejecutó la decisión de la JUR. Y lo más probable es que Luxemburgo le conteste que sí. Por tanto, la única opción que podría dar resultados positivos en un plazo razonable es la civil.
En esta vía, los afectados cuentan con el inestimable precedente de la sentencia del Supremo sobre Bankia, en la que consideraba que la reformulación de las cuentas que hizo Goirigolzarri implicaba automáticamente que las de Rato eran falsas, lo que obligaba a la entidad a devolver el dinero de la salida a bolsa a los inversores minoristas. Como es sabido, Saracho ‘reexpresó’ las cuentas de 2016 del Popular en abril de 2017. No obstante, lo normal sería que, para llegar al Supremo desde los juzgados de primera instancia, hicieran falta más de dos años.