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NO SE DEBE PAGAR PLUSVALÍA MUNICIPAL SI SE VENDE CON PÉRDIDAS

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el pago de este impuesto cuando el vendedor ha obtenido una pérdida por la venta del inmueble pero sí deben pagarlo aquéllos que han obtenido beneficios.

El Tribunal Constitucional se pronunció el pasado jueves 11 de mayo en pleno sobre el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos Urbanos (IIVTU o plusvalía municipal) a nivel estatal y ha vuelto a dar la razón al contribuyente, como ya lo hiciera en sus sentencias sobre las normas forales de Guipuzkoa y la de Álava.

El Tribunal considera que “el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana vulnera el principio constitucional de capacidad económica en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo”.

La sentencia reitera la doctrina establecida por el Tribunal en las sentencias antes referidas donde llegó a la conclusión de que el pago de este impuesto cuando sí se produce una ganancia “es constitucionalmente admisible siempre y cuando aquellos respeten el principio de capacidad económica”. Al mismo tiempo que señalaba que para salvaguardar dicho principio, “el impuesto no puede en ningún caso gravar actos o hechos que “no sean exponentes de una riqueza real o potencial”.

El objeto del impuesto regulado por la norma estatal ahora cuestionada es el incremento del valor que pudieran haber experimentado los terrenos durante un determinado intervalo de tiempo. Sin embargo, el gravamen no se vincula necesariamente a la existencia de ese incremento, sino “a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo computable entre uno (mínimo) y veinte años (máximo)”.

Pero la plusvalía municipal no es como la cláusula suelo: ni desaparece ni todos pueden litigar. El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el pago de este impuesto cuando el vendedor ha obtenido una pérdida por la venta del inmueble Por consiguiente, añade la sentencia, “basta con ser titular de un terreno de naturaleza urbana para que se anude a esta circunstancia, como consecuencia inseparable e irrefutable, un incremento de valor sometido a tributación que se cuantifica de forma automática mediante la aplicación al valor que tenga ese terreno a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles al momento de la transmisión, de un porcentaje fijo por cada año de tenencia, con independencia no solo del quantum real del mismo, sino de la propia existencia de ese incremento”.

Es decir, el solo hecho de haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado periodo temporal implica necesariamente el pago del impuesto, incluso cuando no se ha producido un incremento del valor del bien o, más allá, cuando se ha producido un decremento del mismo. Esta circunstancia, explica el Tribunal, impide al ciudadano cumplir con su obligación de contribuir “de acuerdo con su capacidad económica (art. 31.1 CE)”. Por todo ello, el Tribunal declara la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4 de la ley cuestionada, pero “solo en la medida en que no han previsto excluir del tributo las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor”.

La sentencia, sin embargo, no supone la supresión o desaparición de este impuesto, una fuente de ingresos muy importante para los ayuntamiento de toda España. Es decir, todos aquellos contribuyentes que vendan una vivienda y obtengan una ganancia con la transacción, deberán seguir abonándolo.

 

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