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YURIS PRESENTA UNA QUERELLA ANTE LA AUDIENCIA CONTRA BANCO POPULAR POR FALSEDAD CONTABLE Y ESTAFA

Yuris Group Legal, a través de la Asociación Apabanc con la que colabora, y que representa ya a cerca de 1.000 afectados por diversos productos financieros del ahora extinto Banco Popular, acaba de presentar una querella ante la Audiencia Nacional contra la excúpula del banco por los delitos de falsedad contable, insolvencia punible y estafa contra el mercado y los consumidores.

De momento la querella se ha presentado en nombre de 150 afectados de toda España, todos ellos suscriptores de acciones con anterioridad a la ampliación de capital de 2016, y para los que la acción penal ante la Audiencia es la mejor vía para recuperar, en un plazo de tiempo razonable, su inversión. “Para los que acudieron a la ampliación de capital del Popular en 2016, o para los que adquirieron bonos convertibles o subordinados, estamos accionado por otras vías, como la interposición de acciones civiles individuales de nulidad” explica Salvador Sastre, letrado de Yuris.

A este número inicial de querellantes representados en la Audiencia por Apabanc, se irán sumando muchos más en las próximas semanas, explica Sastre, quien puntualiza que la querella “va dirigida contra los expresidentes del banco Ángel Ron y Emilio Saracho, así como contra 24 exconsejeros, el exinterventor general y los dos representantes de la auditora Pricewaterhouse Coopers”.

La querella establece que el consejo del banco, en sus reuniones de febrero de los años comprendidos entre 2014 y 2017 ”formuló, a sabiendas, unas cuentas anuales consolidadas falsas, radicando la falsedad de las cuentas en la no valoración conforme a la normativa de sus activos y en la ocultación de pérdidas en la cuenta de resultado”. En febrero de 2017, la entidad declaró unas pérdidas en 2016 de 3.485 millones de euros, que dos meses después tuvo que corregir al alza en otros 630 millones.

Delito relativo al mercado y a los consumidores

Matiza también la querella que los ex responsables de la dirección del banco “realizaron y consintieron actos como el de adjudicarse remuneraciones elevadas, autorizar indemnizaciones a los consejeros salientes, amortizar instrumentos y obligaciones financieras, aprobar repartos de dividendos, etc, en un momento en que la entidad se encontraba en situación de insolvencia”.

Por último, achaca a los exconsejeros un delito relativo al mercado y a los consumidores, y a que, a sabiendas de que las cuentas “no reflejaban una imagen fiel del patrimonio”, utilizaron dicha información para lanzar dos ampliaciones de capital por 3.000 millones y varias emisiones de participaciones preferentes por valor de otros 2.000 millones”.

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